Las enmiendas americanas y su tratamiento en esta edición
Introducción
Enmiendas y variantes
El texto que la Asamblea de Westminster entregó entre 1646 y 1648 llegó a las iglesias presbiterianas de América del Norte con algunos cambios deliberados. En distintos momentos, cuerpos eclesiásticos americanos alteraron ocho lugares de los Estándares: seis lugares de la Confesión de Fe (20.4, 22.3, 23.3, 24.4, 25.6 y 31.1–2) y dos respuestas del Catecismo Mayor (preguntas 109 y 142). Esta edición llama «enmiendas» a esos cambios, para distinguirlos de las «variantes». Una variante es una diferencia entre los testigos —los manuscritos, impresos y traducciones antiguas que transmiten el texto— nacida de la copia o de la imprenta, y obliga a decidir qué escribió la Asamblea. Una enmienda es un cambio que una iglesia hace a sabiendas al adoptar el texto como norma propia, y obliga a decidir otra cosa: si lo que la Asamblea escribió debe seguir confesándose en la forma en que lo escribió.
Este capítulo reúne las ocho enmiendas y el criterio común con que la edición las trata; las notas de cada capítulo explican con más detalle la traducción y las pruebas bíblicas. El Catecismo Menor no recibió ninguna enmienda sustantiva: el impreso americano de 1801 y el texto que hoy publica la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa conservan sus ciento siete preguntas, con diferencias menores de imprenta.
Cuatro momentos: 1788, 1887, 1903 y 1936
1788. El primer grupo de enmiendas es obra del Sínodo de Nueva York y Filadelfia, que en esos años dio a la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América su constitución. El 28 de mayo de 1787 el Sínodo tomó en consideración el último párrafo del capítulo 20 de la Confesión, el tercero del capítulo 23 y el primero del capítulo 31, los alteró y mandó imprimirlos así alterados «for consideration» (PCUSA-RECORDS-1706-1788, p. 539). En su reunión de mayo de 1788 terminó de examinar «the proposed amendments of the Confession of Faith» (p. 545), y el 28 de mayo adoptó su forma de gobierno y ordenó imprimir con ella «the Westminster Confession of Faith, as now altered» como parte de la constitución (p. 546). Las actas registran un solo acto sobre el conjunto, sin votación por secciones ni razones de cada cambio. Ese acto fijó también el camino de las enmiendas posteriores: las pedirían dos tercios de los presbiterios y las promulgaría la Asamblea General.
A esta recensión —la forma del texto que el Sínodo adoptó en 1788— pertenecen las enmiendas de 20.4, 23.3 y 31.1–2, y las dos del Catecismo Mayor, que la historia textual publicada por la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa atribuye a ese año. Su testigo impreso es The Constitution of the Presbyterian Church in the United States of America (Wilmington: Bonsal and Niles, 1801), «Ratified and adopted by the Synod of New-York and Philadelphia, held at Philadelphia, May the 16th, 1788, and continued by Adjournments, until the 28th of the same Month». El volumen imprime los ocho principios que el Sínodo antepuso a su plan de gobierno (pp. 325–328). El primero rechaza toda constitución religiosa «aided by the civil power, further than may be necessary for protection and security, and, at the same time, equal and common to all others»; el octavo exige que la disciplina eclesiástica sea «purely moral or spiritual in its object, and not attended with any civil effects». Es el marco de las tres enmiendas de 1788 a la Confesión, que el prefacio de los Estándares de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa resume como un cambio «basically removing the civil magistrate (i.e., the state) from involvement in ecclesiastical matters» (p. viii).
1887. La Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América suprimió la tercera oración de 24.4. Lo dice el mismo prefacio: «The Confession was amended again in 1887, when the final sentence of chapter 24.4, which forbade the marrying of the close kindred of one's deceased spouse, was removed» (p. viii).
1903. La misma iglesia emprendió una revisión más amplia. La Asamblea General de 1902 envió a los presbiterios once overturas —así se llaman, en esa tradición, los textos de reforma que una asamblea somete al voto de los presbiterios—, y todas obtuvieron los dos tercios requeridos. El 28 de mayo de 1903, la Asamblea General reunida en Los Ángeles las promulgó una por una, adoptó el informe entero «unanimously by a rising vote» y declaró incorporada a los Estándares «the whole Revision» (PCUSA-MIN-1903, pp. 123–128). La revisión añadió una declaración interpretativa sobre el capítulo 3 y sobre 10.3, y dos capítulos nuevos, «Of the Holy Spirit» y «Of the Love of God and Missions», y modificó varias secciones, entre ellas 16.7, 22.3 y 25.6.
1936. El Comité sobre la Constitución de la iglesia que desde 1939 se llama Iglesia Presbiteriana Ortodoxa (OPC, por sus siglas en inglés; en 1936, Presbyterian Church of America) debía tomar como base la forma de los Estándares impresa en la constitución de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América, edición de 1934, y podía recomendar que se eliminaran los cambios de 1903, «but it shall not have power to recommend any other changes». Recomendó volver a la forma anterior a 1903 con dos excepciones: conservar la omisión de la última oración de 22.3 y conservar el cambio de 25.6 en cuanto suprimía la identificación del papa con el anticristo. La Segunda Asamblea General votó esa parte del informe en votación nominal y la adoptó por 57 votos contra 20 (OPC-1936-CONST).
La forma que la OPC publica hoy (OPC-WCF-CURRENT) contiene, pues, las enmiendas de 1788 y de 1887 y, de la revisión de 1903, solo la supresión de la última oración de 22.3 y, en 25.6, la supresión de la cláusula del anticristo, sin la reescritura de la sección; la propia OPC dice que heredó las revisiones anteriores a 1900 (OPC-AM-REV). La diferencia importa: en 22.3 y en 25.6 la OPC ejerció en 1936 un juicio propio, porque podía deshacer esos cambios y decidió conservar en ambos la supresión; en los otros seis lugares, la forma que publica es una herencia que su comité no podía examinar.
El criterio de esta edición
El cuerpo de esta edición sigue el texto original de la Asamblea críticamente establecido —el manuscrito de Cornelius Burges, conocido por la edición de Carruthers (CARR-1946), cotejado con el impreso de 1647 y las ediciones tempranas—, con las enmiendas que la edición recibe. Ninguna se recibe por haberla adoptado otra iglesia, ni se rechaza por esa razón. Cada una se juzga por su historia —qué se cambió, cuándo, por obra de quién y con qué razones, si constan—, por su fundamento bíblico —si la proposición original se sostiene en la Escritura con la claridad necesaria para obligar la conciencia (1.6; 20.2)— y por su sentido doctrinal: qué deja en pie el cambio y qué se pierde con él.
La edición recibe siete enmiendas y no recibe la de 25.6. Cuando recibe una, el cuerpo imprime la forma enmendada, y la lectura original desplazada se da en el aparato, en inglés y traducida, sin volver al cuerpo. Cuando no la recibe, el cuerpo conserva el original y el aparato registra las formas americanas. La OPC se cita como testigo de recepción: muestra cómo una iglesia presbiteriana confesional lee hoy los Estándares, pero no decide la lectura de esta edición.
Recibir una enmienda no es indiferente: en 20.4, 23.3, 24.4 y 31.1–2, y en la pregunta 109 del Catecismo Mayor, las actas de la Asamblea (MIN-1874) muestran que la forma desplazada se votó deliberadamente, y donde la edición se aparta de ella lo dice. Las actas cuentan el año desde el 25 de marzo; aquí las fechas se dan con el año iniciado el 1 de enero.
Cuadro de conjunto
| Lugar | Cambio americano | Fecha | Esta edición |
|---|---|---|---|
| CFW 20.4 | suprime «y por el poder del magistrado civil» y sus pruebas | 1788 | recibe la enmienda |
| CFW 22.3 | suprime la oración sobre el pecado de rehusar un juramento | 1903; conservado por la OPC en 1936 | recibe la enmienda |
| CFW 23.3 | reescribe la sección: protección imparcial y no injerencia | 1788 | recibe la enmienda |
| CFW 24.4 | suprime la regla sobre la parentela del cónyuge | 1887 | recibe la enmienda |
| CFW 25.6 | reescribe la sección (1903); la OPC conserva en 1936 solo la supresión de la cláusula del anticristo | 1903 y 1936 | no recibe la enmienda |
| CFW 31.1–2 | convocatoria por los oficiales; suprime la sección del magistrado y renumera | 1788 | recibe la enmienda |
| CMa 109 | suprime tolerating a false religion y sus pruebas |
1788 | recibe la enmienda |
| CMa 142 | depredation en lugar de depopulations |
1788 | recibe la enmienda |
CFW 20.4 — Las censuras de la Iglesia y el poder del magistrado civil
Lo que decía el original
La sección trata de quienes, bajo pretexto de libertad cristiana, publican opiniones o sostienen prácticas contrarias a la luz de la naturaleza o a los principios del cristianismo, o destructivas del orden de la Iglesia. En el manuscrito (CARR-1946) y en el impreso de 1647 nombra dos potestades: «they may lawfully be called to account, and proceeded against, by the censures of the Church, and by the power of the civil magistrate», y la cláusula del magistrado lleva su propia llamada de pruebas.
No fue una fórmula descuidada. Del 13 al 20 de octubre de 1646 la Asamblea debatió el poder del magistrado para castigar a quienes publican tales opiniones, y el 21 de octubre, en la sesión 731, declaró respondidos los argumentos contrarios y resolvió «That this proposition shall stand in the Confession of Faith». El Sr. Simpson, el Sr. Burroughs y el Sr. Greenhill inscribieron su disenso, y el Sr. Carter el suyo «to the truth of it» (MIN-1874, pp. 295–297); Carter disintió también, el 12 de marzo de 1647, de «the proofs about the Civil Magistrate» (p. 337). Las actas no registran las razones de los disidentes.
En la recepción parlamentaria, los Comunes aplazaron en 1648 la sección hasta tratar el capítulo de las censuras (p. 414), y la edición autorizada de ese año la omite entera (pp. 416–417). No es un antecedente de la enmienda americana: lo que quedó fuera incluía las censuras de la Iglesia, que la enmienda de 1788 conserva.
Lo que cambió en 1788
La recensión americana suprimió la cláusula «and by the power of the civil magistrate» y la llamada de pruebas que la acompañaba. El impreso de 1801 termina la sección en «…proceeded against by the censures of the church» (p. 88), y así termina también el texto que hoy publica la OPC.
Lo que lee esta edición
Y se les puede lícitamente llamar a cuentas y proceder contra ellos mediante las censuras de la Iglesia, por publicar tales opiniones, o sostener tales prácticas, que sean contrarias a la luz de la naturaleza o a los principios conocidos del cristianismo —sea en cuanto a la fe, a la adoración o a la conducta—, o al poder de la piedad; […]
La cláusula desplazada seguiría a «las censuras de la Iglesia»: «y por el poder del magistrado civil». El orden de la oración castellana, que pone primero la oración principal y después las dos causas, se explica en el aparato del capítulo 20.
Por qué se recibe
La enmienda no quita autoridad al magistrado: la primera oración de la sección sigue confesando que quienes se opongan a cualquier poder legítimo, «sea civil o eclesiástico, resisten la ordenanza de Dios». Retira la competencia civil para castigar, como tal, la publicación del error religioso, y deja una distinción de medios que la Escritura traza: la Iglesia tiene las llaves y las censuras (Mt 18:15–20; 1 Co 5); el magistrado, la espada para los males civiles (Ro 13:1–7). Esa distinción no deja impunes los delitos cometidos con pretexto religioso. La forma americana de 23.3 manda proteger a todo el pueblo de manera que «a nadie se le permita, bajo pretexto de religión o de incredulidad, inferir a ninguna otra persona afrenta, violencia, maltrato o daño alguno». Las opiniones y prácticas que 20.4 enumera siguen sujetas a las censuras de la Iglesia; no hay en la enmienda indiferencia doctrinal.
Pesa también la naturaleza de las pruebas desplazadas. La mayor parte pertenece al orden judicial de Israel —la ley de Dt 13 y las reformas de Asa, de Josías y de Nehemías— o a decretos de reyes paganos (Esd 7; Dn 3:29), y la Confesión declara en 19.4 que aquellas leyes judiciales «expiraron junto con el Estado de aquel pueblo y no obligan ahora a ningún otro más allá de lo que la equidad general de esas leyes pueda requerir». El argumento no decide por sí solo, porque 19.4 reserva esa equidad general; pero pone la carga de la prueba donde corresponde. Chad Van Dixhoorn, que aprueba la supresión, recuerda que la tarea de la Iglesia «no es ejecutar o enviar a la cárcel» (La fe que confesamos, trad. Timoteo Sazo, Edimburgo: El Estandarte de la Verdad, 2022, p. 289).
Recibir la enmienda es apartarse de una decisión que la Asamblea tomó a sabiendas y con cuatro disensos. La edición lo declara, y la recibe por estas razones.
CFW 22.3 — Rehusar un juramento impuesto por autoridad legítima
Lo que decía el original
El original cierra la sección con una oración que leen el manuscrito (CARR-1946), el impreso de 1647 (p. (40)),
SCOT-1855 (p. 97) y CARR-1937 (p. 133): «Yet it is a sin to refuse an oath touching anything that is good and just,
being imposed by lawful authority». La traducción latina la vierte con peccat ille qui detrectat, «peca quien lo
rehúsa» (LAT-1659, p. 59). Su prueba propia es Nm 5:19, 21; Neh 5:12; Éx 22:7–11. Traducida:
Sin embargo, es pecado rehusar un juramento acerca de cualquier cosa buena y justa, cuando lo impone una autoridad legítima.
Lo que cambió, y cuándo
La supresión no es de 1788: el impreso de 1801 conserva la oración con su prueba (p. 97). Cayó en la revisión de 1903: la overtura correspondiente obtuvo el voto favorable de 215 presbiterios y el contrario de 10, y la Asamblea General declaró la oración «stricken out of the Confession» (PCUSA-MIN-1903, pp. 123 y 125). En 1936 el comité constitucional de la OPC, que podía deshacer esa supresión, recomendó conservarla —«the retention of the change which was made in Chapter XXII, Section 3, by the omission of the sentence»—, y la Segunda Asamblea General adoptó el informe (OPC-1936-CONST), que no expone razones para esta excepción. El texto de la OPC termina la sección en «…and what he is able and resolved to perform».
Lo que lee esta edición
Quien presta juramento debe considerar debidamente la importancia de un acto tan solemne y no afirmar en él sino aquello de cuya verdad está plenamente persuadido. Nadie debe obligarse mediante juramento sino a lo que es bueno y justo, a lo que cree bueno y justo y a lo que puede cumplir y está resuelto a hacer.
Por qué se recibe
La supresión no vuelve facultativo el juramento lícito. El deber positivo sigue confesado en 22.2: «cuando una autoridad legítima impone un juramento lícito en tales asuntos, este debe prestarse», es decir, en «asuntos de peso e importancia». Y 22.3 conserva todas las condiciones que se exigen a quien jura.
Lo suprimido es una segunda formulación del mismo deber, en negativo, que declara pecado el rehusar sin repetir esas condiciones: no dice que el juramento haya de ser lícito ni que verse sobre asuntos graves. Sus pruebas muestran que ciertos juramentos exigidos con justicia obligan —en Neh 5:12, Nehemías hace jurar a quienes prometen restituir—, mientras que Nm 5 y Éx 22 pertenecen a procedimientos judiciales de Israel; ninguna establece sin calificación que sea pecado rehusar cualquier juramento que se declare bueno y justo. Una autoridad legítima puede exigir, en un caso concreto, lo que no le corresponde, y la conciencia no queda sujeta a mandamientos humanos contrarios a la Palabra (Hch 5:29; 20.2). Separada de sus condiciones, la oración podría alegarse para dar por lícito cualquier juramento que una autoridad declare tal.
Esta edición entiende que la doctrina queda mejor guardada en la forma de 22.2, que nombra a la vez el juramento lícito, la autoridad legítima y la materia grave. No niega la consecuencia: quien rehúsa un juramento que reúne de verdad esas condiciones incumple el deber que 22.2 confiesa. Tampoco hace suya la objeción contra todo juramento, que 22.2 excluye. Van Dixhoorn presenta la oración como «un pasaje debatido entre el pueblo reformado» (La fe que confesamos, p. 318).
CFW 23.3 — El magistrado civil y la Iglesia
Lo que decía el original
En el original (CARR-1946; 1647, p. (42)), la sección atribuía al magistrado deberes positivos respecto de la Iglesia, hasta el punto de que «he hath power to call synods, to be present at them, and to provide that whatsoever is transacted in them be according to the mind of God». Traducida entera:
El magistrado civil no puede arrogarse la administración de la Palabra y de los sacramentos, ni el poder de las llaves del reino de los cielos; pero tiene autoridad, y es su deber, disponer que se conserven la unidad y la paz en la Iglesia, que la verdad de Dios se guarde pura y entera, que se supriman todas las blasfemias y herejías, que se prevengan o se reformen todas las corrupciones y abusos en la adoración y en la disciplina, y que todas las ordenanzas de Dios queden debidamente establecidas, administradas y observadas. Para conseguirlo mejor, tiene poder para convocar sínodos, estar presente en ellos y proveer que cuanto en ellos se trate sea conforme a la mente de Dios.
La Asamblea trabajó esta materia durante año y medio, desde una forma más fuerte que tenía ante sí el 6 de mayo de 1645 (MIN-1874, sesión 430, p. 89) hasta el asentimiento al capítulo, el 9 de noviembre de 1646 (sesión 736, p. 299).
Lo que cambió en 1788
La recensión americana reescribió la sección entera. Conservó la negación inicial, en plural, y le añadió una tercera: los magistrados no pueden «in the least, interfere in matters of faith». Las atribuciones positivas del original dieron paso a deberes de protección: de la Iglesia, sin preferencia entre denominaciones; de la libertad de sus oficiales; del gobierno y la disciplina que Cristo instituyó, frente a toda ley civil; de la persona y el buen nombre de todos; y de las asambleas religiosas. Con el texto cambiaron las pruebas: de una forma a la otra solo pasan 2 Cr 26:18, Mt 16:19 (en 1801, con el v. 18), 1 Co 4:1, 2 e Is 49:23. El acto de 1787 nombra «the third paragraph of the twenty-third chapter» (PCUSA-RECORDS-1706-1788, p. 539); el impreso de 1801 trae la forma reescrita (pp. 101–102), y la OPC la conserva.
Lo que lee esta edición
Los magistrados civiles no pueden arrogarse la administración de la Palabra y de los sacramentos, ni el poder de las llaves del reino de los cielos, ni inmiscuirse en lo más mínimo en asuntos de fe. Sin embargo, como padres nutricios, es deber de los magistrados civiles proteger a la Iglesia de nuestro común Señor, sin dar preferencia a ninguna denominación de cristianos sobre las demás, de tal manera que todas las personas eclesiásticas, cualesquiera que sean, gocen de plena, franca e indisputada libertad para desempeñar cada parte de sus funciones sagradas, sin violencia ni peligro. […]
El resto de la sección protege frente a toda ley civil el gobierno y la disciplina que Jesucristo instituyó, y manda proteger a todas las personas y las asambleas religiosas. La expresión «padres nutricios» conserva la imagen de Is 49:23 sin dar al magistrado la potestad de un tutor sobre la Iglesia; el aparato del capítulo 23 explica esta y otras palabras.
Por qué se recibe
La forma de 1788 mantiene distinto lo que la Escritura confía a la Iglesia —la Palabra, los sacramentos, las llaves y la disciplina (Mt 16:18, 19; 18:15–20; 1 Co 4:1, 2)— y lo que confía al magistrado: la espada, para la justicia pública y la protección (Ro 13:1–7). Las dos formas parten del mismo límite, que Uzías ilustra en 2 Cr 26:18: ni un rey de Judá podía tomar para sí el oficio sacerdotal. Pero la forma original extraía del orden de Israel deberes que la Iglesia del nuevo pacto, reunida de entre todas las naciones, no puede recibir sin más; muchas de sus pruebas apelaban a ese orden (2 Cr 15, 19, 29–30 y 34; 2 R 23; Esd 7), cuyas leyes judiciales, según 19.4, «expiraron junto con el Estado de aquel pueblo». Van Dixhoorn formula la regla en juego: «lo que se aplica al pueblo de Dios bajo el antiguo pacto no siempre se aplica al pueblo bajo el nuevo pacto» (La fe que confesamos, p. 334).
La enmienda no saca al magistrado de la soberanía de Dios: 23.1 sigue confesando que Dios ha ordenado a los magistrados «para que, sujetos a él, gobiernen al pueblo, para la gloria de Dios y para el bien público». Tampoco declara iguales la verdad y el error. La cláusula «sin dar preferencia a ninguna denominación de cristianos sobre las demás» es una regla de protección civil, no una tesis sobre la equivalencia de las doctrinas, y no quita a la Iglesia el deber de enseñar, refutar y censurar el error; su alcance es el de su letra, y no autoriza a atribuir al texto de 1788 una teoría del Estado secular contemporáneo. Recibir la enmienda es apartarse de una forma que la Asamblea elaboró y votó deliberadamente; la forma original queda en el aparato.
CFW 24.4 — La parentela del cónyuge
Lo que decía el original
A las dos oraciones que el cuerpo conserva, el original añade una tercera, que leen el manuscrito (CARR-1946) y el impreso de 1647 (p. (43)): «The man may not marry any of his wife's kindred, nearer in blood than he may of his own: nor the woman of her husband's kindred, nearer in blood than of her own». Su prueba propia es Lv 20:19, 20, 21. Traducida:
Al varón no le es lícito casarse con ninguna persona de la parentela de su esposa que le sea más cercana en grado de sangre que aquella con quien le sería lícito casarse dentro de su propia parentela; ni a la mujer, con ninguna de la parentela de su marido más cercana en grado de sangre que aquella con quien le sería lícito casarse dentro de la suya.
No prohíbe casos concretos, sino que enuncia una regla general: todo impedimento que afectaría a un pariente propio se
traslada al pariente del cónyuge que ocupa el grado correspondiente. La Asamblea la votó el 3 de agosto de 1646, en una
forma todavía sin las palabras in blood (MIN-1874, sesión 682, pp. 262–263).
La oración fue impugnada desde el principio. El 18 de febrero de 1648 la Cámara de los Comunes votó a favor de las dos primeras oraciones y, puesta a votación la tercera, se dividió, y la cuestión «passed with the Negative» (MIN-1874, p. 415); Van Dixhoorn, que remite al diario de la Cámara, da la cifra de 71 votos contra 40 (La fe que confesamos, p. 350). La edición parlamentaria de 1648 omite parte del párrafo cuarto (pp. 416–417), y la Savoy Declaration de 1658, adaptación congregacionalista de la Confesión, omite «the last clause of section 4» (Philip Schaff, The Creeds of Christendom, III, p. 721). Las actas no registran las razones de los Comunes, y la coincidencia de resultado no prueba coincidencia de razones; muestra, con todo, que la objeción a esta regla no nació en 1887.
Lo que cambió en 1887
La recensión de 1788 conservó la oración: el impreso de 1801 la trae íntegra, con su prueba (p. 105). La suprimió en 1887 la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América, según el prefacio de los Estándares de la OPC (p. viii). El texto de la OPC termina en «…as man and wife», y esa forma no expresa un juicio de 1936, porque el comité de ese año no podía recomendar cambios anteriores a 1903 (OPC-1936-CONST).
Lo que lee esta edición
El matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos por la Palabra; ni tales matrimonios incestuosos pueden jamás hacerse lícitos por ley humana alguna ni por consentimiento de las partes, de modo que esas personas puedan vivir juntas como marido y mujer.
Por qué se recibe
La supresión no revoca ningún grado prohibido por la Escritura. Las dos oraciones que permanecen afirman que hay grados de consanguinidad y de afinidad prohibidos, que la medida es la Palabra y no la costumbre, y que ni la ley humana ni el consentimiento de las partes pueden hacer lícita una unión que Dios prohíbe. La afinidad —el parentesco que nace del matrimonio— conserva vigencia moral: 1 Co 5:1, prueba de esta misma sección, condena la unión con la mujer del padre, relación de afinidad y no de sangre.
Lo suprimido es otra cosa. La regla necesita probar que el matrimonio crea con cada pariente del cónyuge un vínculo moralmente equivalente al de la sangre y duradero, y la Escritura, que es la norma, no lo enuncia. Las listas de Lv 18 y 20 prohíben afinidades determinadas, pero no formulan esa regla; Lv 18:18 limita su prohibición a la vida de la primera esposa; y Dt 25:5–10, la ley del levirato, manda una unión con la viuda del hermano que Lv 18:16 y 20:21 parecen prohibir de manera general. La reciprocidad entre marido y mujer se sigue por buena y necesaria consecuencia; extender por analogía a toda la parentela del cónyuge lo que la Escritura dice de grados concretos, no. Esta edición entiende, a la luz de 1.6 y 20.2, que una materia que decide si una unión es incestuosa e inválida no puede confesarse sin que sus pruebas la establezcan con claridad, y por eso recibe la supresión. Los casos pastorales se juzgan por el grado bíblico concreto, no por esa regla ni por una dispensa.
La oración tuvo defensores reformados; A. A. Hodge expone y defiende la lectura original (Comentario de la Confesión de Fe de Westminster, trad. Plutarco Arellano, Terrassa: CLIE, cap. XXIV, pp. 279–286). La edición se aparta también aquí de una forma votada por la Asamblea.
CFW 25.6 — El papa y el anticristo
Lo que dice el original
La sección afirma la jefatura única de Cristo, niega que el papa pueda ser cabeza de la Iglesia y termina declarando qué
es el papa: «but is that Antichrist, that man of sin, and son of perdition, that exalteth himself, in the Church,
against Christ and all that is called God». La leen el manuscrito (CARR-1946) y el impreso de 1647, y la traducción
latina de 1656 la refuerza: qui est insignis ille Antichristus, homo ille peccati et perditionis filius (DILL-1656).
Sus pruebas son Mt 23:8–10; 2 Ts 2:3, 4, 8, 9; Ap 13:6.
La Asamblea recibió el informe del capítulo el 13 de noviembre de 1646, y el 17 de noviembre «upon debate it was assented to» (MIN-1874, sesiones 740 y 742, pp. 301–302), sin que las actas registren disenso. La Cámara de los Comunes adoptó el capítulo párrafo por párrafo el 10 de marzo de 1648 (p. 415), y la edición parlamentaria de ese año no omite nada de él (pp. 416–417). La Savoy Declaration de 1658 conserva la cláusula y la amplía con las palabras «whom the Lord shall destroy with the brightness of his coming» (Schaff, The Creeds of Christendom, III, p. 723). La recensión de 1788 no la tocó: el impreso de 1801 la trae íntegra, con su llamada de pruebas (p. 109).
Las dos formas americanas
La primera es de 1903. El 28 de mayo de ese año, la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América declaró la sección cambiada «so as to read»: «The Lord Jesus Christ is the only head of the Church, and the claim of any man to be the vicar of Christ and the head of the Church, is unscriptural, without warrant in fact, and is a usurpation dishonoring to the Lord Jesus Christ» (PCUSA-MIN-1903, p. 126). Es decir: «El Señor Jesucristo es la única Cabeza de la Iglesia, y la pretensión de cualquier hombre de ser el vicario de Cristo y la cabeza de la Iglesia es contraria a la Escritura, carece de fundamento en los hechos y es una usurpación que deshonra al Señor Jesucristo». No fue una supresión, sino una reescritura de la sección entera. La overtura obtuvo el voto favorable de 220 presbiterios y el contrario de 5, sobre 238 (pp. 123–124). Las actas dan el texto nuevo, sin razón alguna para el cambio.
La segunda es de 1936. El comité de la OPC, facultado para deshacer los cambios de 1903, recomendó conservar el de 25.6 «in so far as it involved the elimination of the words: "but is that antichrist…"», y la Segunda Asamblea General adoptó el informe (OPC-1936-CONST). El prefacio de los Estándares de la OPC lo resume: se conservó la supresión de la referencia al papa como el Anticristo, «but not the other changes» (p. ix). La forma de la OPC termina, pues, en «…be head thereof». Las dos formas americanas son textos distintos —1903 reemplazó la sección; 1936 conservó la oración original y le quitó la cláusula—, y ninguno de los dos documentos expone razones exegéticas.
Lo que lee esta edición
No hay otra Cabeza de la Iglesia sino el Señor Jesucristo; ni puede el papa de Roma, en ningún sentido, ser cabeza de ella, sino que es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se exalta a sí mismo en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios.
El demostrativo «aquel» traduce el enfático that, y «anticristo» va con minúscula porque funciona como predicado. La
expresión «hombre de pecado» es la forma de 2 Ts 2:3 en el texto griego que la Asamblea leía (ἁμαρτίας); que el texto
crítico moderno lea ἀνομίας, «de iniquidad», no autoriza a reescribir un texto confesional del siglo XVII.
Por qué esta edición conserva la cláusula
Esta edición no recibe ninguna de las dos formas americanas. Se aparta en este punto, de manera consciente y declarada, de la forma que hoy publica la OPC, y también de la reescritura de 1903. Lo hace por cuatro razones.
La primera es textual e histórica. La cláusula es la lectura de todos los testigos anteriores a 1903 que aquí se citan, incluida la recensión americana de 1788, que alteró otras secciones y dejó esta intacta. No fue el exceso de un redactor: la Asamblea dio su asentimiento al capítulo sin disenso registrado, los Comunes lo adoptaron y la Savoy Declaration amplió la cláusula.
La segunda es que las dos formas que la desplazan no consignan razones. Ni las actas de 1903 ni el informe de 1936 ofrecen exégesis de las cartas de Juan, de 2 Tesalonicenses o del Apocalipsis. Al conservar la cláusula, la edición no contradice un argumento bíblico registrado: prefiere la forma de la Asamblea a dos revisiones que no expusieron el suyo.
La tercera se refiere al sentido en que la cláusula se confiesa, y es decisiva. Esta edición la lee en sentido corporativo, referido al oficio: designa el papado como orden y sede que se sucede a sí misma, no a un papa individual como referente único y exhaustivo del anticristo final. No es un juicio sobre la persona de cada obispo de Roma ni una especulación sobre el fin de la historia. Descansa en la primera oración: porque Cristo es la única Cabeza de la Iglesia, el oficio que reclama para sí la jefatura de ella se exalta «en la Iglesia contra Cristo». Las pruebas siguen ese argumento: Mt 23:8–10, donde Cristo prohíbe a sus discípulos llamar a nadie maestro o padre en la tierra; 2 Ts 2:3, 4, 8, 9, el hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios; y Ap 13:6, la bestia que blasfema contra Dios y su tabernáculo. Así la entienden David Dickson, Francis Turretin y A. A. Hodge. Dickson, en el comentario más antiguo a la Confesión, alega las mismas pruebas y precisa: «he is not one single man, but an order, and race of men, succeeding to one another, in that same state, and office» (Truth's Victory Over Error, 1684, cap. XXV, cuestión IX). Turretin funda la identificación en 2 Ts 2:3–4 y en la Babilonia de Ap 17–18, que entiende de la Roma papal (Institutes of Elenctic Theology, tópico XVIII, cuestión XIV, §§XXI–XXIII). Hodge juzga que los autores de la Confesión apenas dan a entender que cada papa sea un anticristo personal, y que su intención probable era declarar el sistema papal anticristiano en su espíritu, su forma y sus efectos (Comentario, cap. XXV, pp. 295–296).
Leída así, la cláusula no obliga a identificar a un individuo con la figura final, ni hace depender de una lectura escatológica la negación de la primera oración: la jefatura de Cristo (Ef 1:22; Col 1:18) se confiesa por sí misma, y la cláusula declara qué es el oficio que la usurpa, a la luz de los muchos anticristos de 1 Jn 2:18, del hombre de pecado de 2 Ts 2 y de la Babilonia de Ap 17–18.
La cuarta razón es pastoral. En el contexto latinoamericano en que esta edición se lee, la cláusula conserva un valor pastoral y polémico: nombra con la Escritura la pretensión que más directamente disputa a Cristo su jefatura sobre la Iglesia.
La edición conoce las razones de quienes defienden la supresión. Van Dixhoorn juzga que la Palabra «no identifica al papa como el anticristo, ni sugiere conclusivamente que una sola persona sea el anticristo», y sostiene que los estándares confesionales deben reflejar las interpretaciones bíblicas más claras, no las más discutidas (La fe que confesamos, pp. 367–368). La objeción pesa contra una identificación personal y exclusiva. La lectura corporativa que esta edición adopta, que es la de Dickson, Turretin y Hodge, no afirma esa identificación: afirma que el oficio papal, al reclamar la jefatura que pertenece solo a Cristo, es la gran manifestación histórica del anticristo en la Iglesia.
CFW 31.1–2 — La convocatoria de los sínodos
Lo que decía el original
En el original, 31.1 termina en «synods or councils», y la sigue una sección, la segunda de las cinco del capítulo (CARR-1946; 1647, p. (53)), que comienza: «As magistrates may lawfully call a synod of ministers, and other fit persons, to consult and advise with, about matters of religion…». Traducida:
Así como los magistrados pueden convocar legítimamente un sínodo de ministros y otras personas idóneas, para consultar con ellos y recibir su consejo acerca de asuntos de religión, así también, si los magistrados son enemigos declarados de la Iglesia, los ministros de Cristo, por sí mismos y en virtud de su oficio, o ellos junto con otras personas idóneas, por delegación de sus iglesias, pueden reunirse en tales asambleas.
La traducción latina de 1659 conserva la sección (LAT-1659, p. 79), y SCOT-1855 mantiene las cinco. La Asamblea quiso en la Confesión la doctrina de los sínodos: el 5 de agosto de 1646, ante una moción para dejar fuera ese capítulo («to leave this head out of the Confession of Faith»), resolvió seguir adelante con el informe y, en la misma sesión, votó la proposición sobre la convocatoria por el magistrado (MIN-1874, sesión 684, pp. 264–265). La edición parlamentaria de 1648 omite los capítulos 30 y 31 enteros (p. 416), y la Savoy Declaration de 1658 tampoco incluye el capítulo; pero esas omisiones dejan fuera la doctrina misma de los sínodos, que la revisión de 1788 conserva.
Lo que cambió en 1788
La recensión americana añadió al final de 31.1 la cláusula que hoy cierra la sección, suprimió entera la sección del magistrado y renumeró las secciones III a V como 2 a 4. El acto de 1787 nombra «the first paragraph of the thirty-first chapter» (PCUSA-RECORDS-1706-1788, p. 539). El impreso de 1801 trae la cláusula añadida y pasa de ella a «II. It belongeth to synods and councils…» (pp. 126–127). La OPC conserva esa forma de cuatro secciones —«Original paragraph II is omitted; paragraphs III-V are renumbered 2-4» (OPC-AM-REV)—, sobre la cual su informe de 1936 no dice nada. La recepción castellana pública (CLIR, 2010) imprime, en cambio, la forma británica.
Las pruebas de la cláusula añadida no son nuevas. En el impreso de 1801, «reunirse en ellas» se prueba con Hch 15:22, 23, 25, que en 1647 sostenían la reunión de los ministros cuando el magistrado era enemigo de la Iglesia, y «convocar tales asambleas», con todo el capítulo 15 de Hechos. La recensión aplica al caso ordinario el fundamento que la Asamblea había alegado para el extraordinario.
Lo que lee esta edición
Para el mejor gobierno y la mayor edificación de la Iglesia, debe haber asambleas como las que comúnmente se llaman sínodos o concilios; y corresponde a los supervisores y a los demás gobernantes de las iglesias particulares, en virtud de su oficio y del poder que Cristo les ha dado para edificación y no para destrucción, convocar tales asambleas y reunirse en ellas cuantas veces juzguen que conviene al bien de la Iglesia.
Las palabras «supervisores» y «demás gobernantes» traducen overseers and other rulers: los dos órdenes de presbíteros
que componen un tribunal presbiteriano, como la Asamblea describía los sínodos, «made up of ministers and other ruling
officers of the Church» (MIN-1874, sesión 684, p. 265).
Por qué se recibe
La enmienda no da a la Iglesia una capacidad que el original le negara. El original ya afirmaba que los ministros pueden reunirse en sínodo por sí mismos y en virtud de su oficio, pero lo afirmaba para el caso de magistrados enemigos de la Iglesia, y dejaba al magistrado la convocatoria en los demás casos. La forma de 1788 hace de esa capacidad la competencia ordinaria de los oficiales de la Iglesia. Cambia la condición, no la capacidad.
En Hechos 15 los apóstoles y los ancianos se reúnen, deliberan y comunican su determinación a las iglesias sin que ningún magistrado convoque, constituya ni presida la asamblea: la potestad de reunirse en concilio pertenece al oficio que Cristo dio a su Iglesia y no depende de que el magistrado le sea favorable u hostil. La fórmula «para edificación y no para destrucción» recoge las palabras de Pablo sobre la autoridad que el Señor le dio (2 Co 10:8; 13:10): es una mayordomía recibida, limitada por su fin. La forma recibida no niega que el magistrado pueda pedir consejo a un sínodo —31.4 lo prevé— ni hace infalibles a los concilios, como declara 31.3.
La cláusula añadida es texto de 1788, no enseñanza de la Asamblea, que votó la sección desplazada en la misma sesión en que se negó a dejar fuera de la Confesión la doctrina de los sínodos. La edición recibe la enmienda sabiendo ambas cosas.
CMa 109 — «Tolerar una religión falsa»
Lo que decía el original
Entre los pecados prohibidos en el segundo mandamiento, la respuesta original nombra, inmediatamente después de la
adoración religiosa no instituida por Dios, tolerating a false religion. Así lo trae la edición londinense del
Catecismo Mayor con las pruebas, impresa por S. Griffin para J. Rothwel (Rothwell 1658, 2.ª ed., pp. (188)–(190)), con
estas pruebas propias: Dt 13:6–12; Zac 13:2, 3; Ap 2:2, 14, 15, 20; Ap 17:12–17. Traducida: «el tolerar una religión
falsa». No debe suavizarse en «aprobar», porque approving ya está en la cláusula anterior; tolerating tenía un
alcance propio, el de permitir lo que no se aprueba.
La cláusula fue una adición expresa de la Asamblea: el 29 de julio de 1647, en la sesión 890, resolvió como cuestión aparte «"Tolerating a false religion" to be added as a breach of the second commandment» (MIN-1874, p. 406), y el 11 de octubre, cuando la Asamblea en pleno confirmó lo votado, el Sr. Carter inscribió su disenso «to that clause in the 2d com[mandment]» (p. 483). Las actas no registran el debate.
Lo que cambió en 1788
El impreso de 1801, que según su portada contiene los Estándares adoptados por el Sínodo de Nueva York y Filadelfia en mayo de 1788, no trae las palabras ni sus pruebas (p. 210). La OPC, que conserva la omisión, lo resume así: «The Larger Catechism was adopted with the deletion of the phrase "tolerating a false religion" in answer 109» (OPC-AM-REV).
Lo que lee esta edición
R. Los pecados prohibidos en el segundo mandamiento son: todo idear, aconsejar, mandar, usar y de cualquier manera aprobar cualquier adoración religiosa no instituida por Dios mismo; el hacer cualquier representación de Dios, […]
Para «adoración religiosa», véase el glosario: adoración.
Por qué se recibe
La omisión no introduce indiferencia religiosa. La pregunta 108 sigue enseñando como deber «el desaprobar y detestar toda adoración falsa, y el oponerse a ella; y, según el lugar y la vocación de cada uno, el quitar la adoración falsa y todos los monumentos de idolatría», y la 109 condena la idolatría en todas sus formas. Lo que desaparece es una fórmula sin sujeto, jurisdicción ni medios, que puede decir cosas muy distintas: sostener personalmente una religión falsa, lo que ya está condenado; consentir sin disciplina la falsa enseñanza dentro de la Iglesia, lo que Ap 2 reprende y la Confesión confía a las censuras (capítulo 30); convivir civilmente con quienes yerran, lo que no es pecado; o que el magistrado permita el ejercicio pacífico de una religión falsa en lugar de castigarla, sentido civil que la frase incluía históricamente y que sostenía la coerción de la religión.
Las pruebas muestran esa mezcla. Dt 13:6–12 pertenece al orden judicial de Israel, cuyas leyes «expiraron junto con el Estado de aquel pueblo» (CFW 19.4): permanece su equidad —no consentir en la idolatría—, no su pena. Zac 13:2, 3 es profecía de la purificación del pueblo de Dios; Ap 2 trata de la disciplina dentro de las iglesias, y Ap 17:12–17 describe un juicio providencial, no un mandato. La cláusula «según el lugar y la vocación de cada uno» de la pregunta 108 distribuye el deber: el creyente en su vida y en su casa, los oficiales en la Iglesia por la disciplina, el magistrado frente a los daños civiles. Es la distinción que gobierna las enmiendas de 1788 a 20.4, 23.3 y 31.1–2, y la edición recibe esta por las mismas razones. Recibir la enmienda es apartarse de una cláusula que la Asamblea votó por separado; la edición lo declara.
CMa 142 — depopulations y depredation
Lo que decía el original
Entre los pecados prohibidos en el octavo mandamiento, Rothwell 1658 lee «unjust inclosures, and depopulations»
(pp. (220)–(223)), con Is 5:8 y Miq 2:2 como pruebas. Traducida a la letra: «los cercamientos injustos y las
despoblaciones». En el inglés del siglo XVII, depopulation no designa un descenso estadístico de la población, sino la
devastación de una región o la expulsión de sus habitantes; junto a los cercamientos —la apropiación de tierras de uso
común—, nombra el desalojo de comunidades que esa apropiación producía.
Lo que cambió en 1788
El impreso de 1801 lee «unjust inclosures and depredation», con las mismas pruebas. El cambio pasa del plural a un
singular colectivo y pone el nombre de un acto donde estaba el de una consecuencia social: depredation es el saqueo,
el pillaje, la apropiación violenta de lo ajeno. El texto de la OPC lee depredation, y su historia textual cuenta este
cambio, con el de la pregunta 109, como uno de los dos que el Catecismo Mayor recibió en 1788.
Lo que lee esta edición
[…] la opresión, la extorsión, la usura, el soborno, los pleitos vejatorios, los cercamientos injustos y la depredación; el acaparar mercancías para encarecer el precio; […]
Por qué se recibe
La lectura americana nombra la conducta que el octavo mandamiento prohíbe, y no solo una de sus consecuencias. Concuerda con la prueba principal: Miq 2:2 condena a quienes codician las heredades y las arrebatan, las casas y las toman. Abarca el despojo de bienes y de tierras aunque no llegue a vaciar una región, y evita que se lea la cláusula como un fenómeno demográfico. La denuncia agraria del original no se pierde: «los cercamientos injustos» sigue en el cuerpo, y Is 5:8 —el ay contra quienes juntan casa a casa y heredad a heredad— sigue entre las pruebas.
La palabra «depredación» es el cognado castellano y conserva lo que la inglesa nombra: el saqueo hecho con violencia, que un término más general, como «despojo», no diría. Junto a «los cercamientos injustos», queda en el terreno patrimonial que la respuesta trata, y no en el sentido ecológico que puede tener fuera de contexto.
Balance
Las ocho enmiendas no forman un bloque. Cuatro de las de 1788 —20.4, 23.3, 31.1–2 y la pregunta 109— distinguen lo que corresponde a la Iglesia y lo que corresponde al magistrado, y la edición las recibe porque la Escritura traza esa distinción entre las llaves y la espada; la quinta da un nombre más preciso a un pecado contra el octavo mandamiento. La de 1887 y la de 1903 en 22.3 retiran formulaciones que exceden lo que sus pruebas establecen. La de 25.6 retira una cláusula que la Asamblea confesó y que, leída en sentido corporativo, se apoya en las pruebas que le dio; la edición no la recibe. En los ocho lugares el criterio es el mismo: el texto se juzga por su historia, por la Escritura y por su sentido doctrinal, y ninguna otra iglesia decide por esta edición lo que su texto lee.
